Margarita Robles preside homenajes mientras su Ministerio deniega sistemáticamente el «acto de servicio» a soldados destrozados por explosivos o acoso. El objetivo: ahorrarse el 200% de la pensión.

En los desfiles del 12 de octubre todo son aplausos, vivas y buenas palabras. Pero cuando las cámaras se apagan y las medallas se guardan, la realidad para el militar español lesionado es muy distinta: el «máquina» se convierte en un «cafarna». El Ministerio de Defensa ha perfeccionado una maquinaria burocrática despiadada diseñada con un solo fin: denegar el reconocimiento de las lesiones en «acto de servicio» para evitar pagar las pensiones extraordinarias que por ley corresponden a quienes han entregado su salud por España.

No es negligencia, es cálculo. La diferencia para las arcas del Estado entre reconocer que un soldado se ha quedado inválido por un accidente laboral o decir que fue por una «contingencia común» es abismal. Si es en acto de servicio, la pensión se calcula sobre el 200% del haber regulador. Si logran colar que fue una «desgracia» ajena al servicio, la cuantía se desploma, dejando al militar y a su familia condenados a la precariedad. Y para el equipo de Margarita Robles, la calculadora pesa más que cualquier valor militar de esos que adornan habitualmente sus discursos.

La trampa de la «Enfermedad Degenerativa»

El modus operandi de los Tribunales Médicos Militares es un escándalo a voces. Militares que entran sanos, tras pasar reconocimientos exhaustivos, y que años después, tras saltos paracaidistas, marchas con 30 kilos de peso o carreras diarias, sufren lesiones de columna o rodilla, se encuentran con un portazo en la cara. El dictamen favorito de la Administración es insultante: «Etiología degenerativa» o «predisposición constitucional».

Es decir, Defensa le dice al paracaidista que su hernia no es por saltar de un avión, sino porque «ya venía así de casa» o porque «es cosa de la edad». Con esta argucia legal, avalada a menudo por Juntas Médico Periciales donde la jerarquía manda más que el código deontológico, se ahorran millones de euros en indemnizaciones y pensiones vitalicias, obligando al herido a gastarse sus ahorros en abogados para luchar contra el Estado que juró defender.

El calvario del Teniente Candón: Ciego y olvidado

El caso más sangrante de este desprecio institucional es el del teniente de Infantería de Marina José Manuel Candón. En 2011, una explosión en la Academia de Hoyo de Manzanares mató a cinco de sus compañeros y le dejó a él ciego, sordo y con el cuerpo lleno de metralla. ¿La respuesta de Defensa? Un calvario de más de una década.

A pesar de que el Tribunal Supremo reconoció la imprudencia en el manejo de los explosivos, el Ministerio de Defensa, bajo la batuta de Margarita Robles, ha llegado a denegar indemnizaciones al teniente, regateando cada euro y obligándole a litigar una y otra vez. Mientras la ministra se llena la boca hablando de la «familia militar», sus servicios jurídicos recurren sentencias para no pagar los daños patrimoniales a un hombre que perdió los ojos sirviendo a su país. Candón lo resume con una frase lapidaria: «Estas resoluciones son una burla total y absoluta».

La estafa de la Salud Mental

Si las heridas físicas se regatean, las psicológicas se desprecian. Los militares que sufren Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) por vivir situaciones de combate o gran estrés se enfrentan a la acusación de tener «rasgos de personalidad previos». Se les tacha de débiles o neuróticos para no reconocer que el servicio les ha roto.

Solo la justicia ordinaria está poniendo freno a este abuso. Recientemente, sentencias judiciales han obligado a Defensa a reconocer como «acto de servicio» bajas psiquiátricas provocadas por acoso sexual y laboral, situaciones que los mandos intentaron tapar calificándolas de «enfermedad común» para proteger a la institución y no pagar la pensión extraordinaria.

Militares de usar y tirar

La conclusión es vergonzosa: para el Gobierno, un militar es un activo valioso mientras está operativo y callado. Pero si se rompe, se convierte en un pasivo tóxico en el balance de cuentas. La maquinaria del Estado se activa entonces no para protegerle, sino para demostrar que su dolor no tiene nada que ver con el servicio.

Mientras el Ministerio niega datos sobre suicidios y bajas reales escudándose en la «dispersión de archivos», las asociaciones militares claman en el desierto. La realidad es que en España, el «no dejar a nadie atrás» es solo un lema bonito para los discursos; en los despachos, la orden es dejarles tirados si eso cuadra mejor el presupuesto.