Indignación en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Lo que debería ser un buque insignia de la sanidad militar y un apoyo fundamental para la red pública madrileña se ha transformado, bajo la gestión del Ministerio de Defensa, en un polvorín de conflictividad laboral, precariedad y gestión autoritaria. Mientras el Gobierno se llena la boca hablando de justicia social, los trabajadores de este centro denuncian un «limbo» jurídico donde sus derechos son pisoteados sistemáticamente bajo una disciplina más propia de una unidad de combate que de un hospital de alta complejidad.
Mando de hierro y «engaño» a los trabajadores
El malestar tiene un origen claro: una Jefatura de Personal que, según denuncian los sindicatos, ha impuesto una política de «ordeno y mando» que ignora por completo los derechos básicos de conciliación. Según denuncian las secciones sindicales, la dirección ha optado por la opacidad y la arbitrariedad, tomando decisiones unilaterales sin consultar a la Junta de Personal (JUPE) ni al Comité de Seguridad y Salud.
El escándalo estalló en enero de 2026, cuando la dirección ejecutó cambios drásticos en los turnos de noche, incumpliendo las promesas por escrito realizadas apenas un año antes. Los trabajadores se sienten víctimas de un «engaño deliberado» para imponer condiciones laborales gravosas. Esta gestión ha derivado incluso en investigaciones judiciales por presunto acoso laboral a empleados civiles, implicando a la jefatura de personal y a anteriores directores.
La humillación de los «20 euros» y el caos de los turnos
La situación de la plantilla de enfermería y auxiliares (TCAE) es desesperante. La dirección ha fulminado el sistema histórico de «Noches 30» y «Noches 40» —que permitía una organización equilibrada— para imponer un modelo de «flexibilidad total». Ahora, las supervisoras pueden obligar al personal a realizar hasta cuatro noches consecutivas para parchear la falta de personal estructural, poniendo en riesgo la salud de los profesionales y la seguridad de los pacientes por la fatiga acumulada.
Pero la mayor bofetada llega a final de mes. Existe una brecha retributiva sangrante: mientras un enfermero del SERMAS percibe compensaciones dignas por atención continuada, en el Gómez Ulla se han reportado pagos por noches extras que apenas alcanzan los 20 euros. Es un caso de «dumping laboral» dentro de la propia red pública madrileña. Los profesionales atienden a la misma población civil que en La Paz o el Clínico, pero cobran significativamente menos y tienen menos derechos.
«Es un insulto que no se corresponde con ninguna tabla oficial de atención continuada», denuncian desde las centrales sindicales.
Fraude en la contratación: celadores «de oficina»
La gestión de recursos humanos no solo es autoritaria, sino que roza la ilegalidad. El sindicato CCOO ha denunciado ante el Ministerio lo que consideran un fraude de ley sistémico. Se estima que entre 60 y 70 personas han sido contratadas bajo la categoría de celadores para realizar, en realidad, funciones administrativas.
Esta estratagema permite al Ministerio de Defensa ahorrar costes salariales y evitar la convocatoria de plazas regladas, bloqueando el acceso legítimo a través de bolsas de empleo. A esto se suma una temporalidad abusiva: hay trabajadores que encadenan contratos eventuales desde hace más de 15 años sin consolidar su plaza, desafiando cualquier normativa europea.
Un hospital que «se cae a cachos»
Mientras el Ministerio presume de la Planta 22, la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel que costó hasta 21,5 millones de euros, el resto del hospital se desmorona. Los trabajadores y vecinos de Carabanchel denuncian una degradación física insoportable: techos falsos que se desploman, mobiliario roto en las salas de espera y plantas enteras cerradas o infrautilizadas.
Es el «hospital fantasma». Mientras los hospitales cercanos del SERMAS colapsan, el Gómez Ulla mantiene capacidades bajo mínimos por la incapacidad de Defensa para contratar personal civil de forma estable. Los vecinos se ven obligados a cruzar Madrid para ser atendidos mientras el hospital de su barrio languidece por una gestión «autoritaria y caciquil».
Huelga total en enero de 2026
La paciencia se ha agotado. El personal ha iniciado una ola de movilizaciones que ha culminado en una huelga en enero de 2026.
- Médicos y facultativos: Exigen la equiparación retributiva y movilidad con el SERMAS.
- Enfermería y TCAE: Protestan contra la eliminación de los sistemas de descanso y exigen el reconocimiento de su categoría profesional.
- Personal no sanitario: Demanda el fin del fraude en la contratación y la creación de una bolsa de empleo transparente.
La crisis del Gómez Ulla no es solo un problema laboral; es el síntoma de una administración militar que se niega a adaptarse a la realidad civil. Sin una reforma urgente que equipare las condiciones laborales al resto de Madrid, el colapso del centro parece inevitable.