Miles de militares en activo ven cómo su sueldo mileurista se evapora en alquileres abusivos mientras «hijos de papá» y retirados bloquean sine die viviendas oficiales que ya no les corresponden.

Se acabó la fiesta para algunos, aunque llega décadas tarde. La noticia saltaba esta semana en Vigo: el Ministerio de Defensa ha ordenado, por fin, la expulsión de una mujer de 62 años que llevaba toda la vida apalancada en una vivienda militar que no era suya, sino asignada a su padre, un comandante ya fallecido hace décadas. Ella alega vulnerabilidad y paro, el comodín habitual, pero la realidad que se esconde detrás de este titular es mucho más cruda e indignante para nuestros uniformados: cada día que un «heredero» se atrinchera en una vivienda de Defensa, un militar en activo se ve obligado a dejarse el sueldo en el mercado libre de alquiler.

No es un caso aislado, es una epidemia. Mientras el Ministerio de Margarita Robles se llena la boca hablando de la «familia militar», permite un descontrol patrimonial que clama al cielo. La Justicia, en un movimiento que sienta un precedente demoledor, ha tenido que venir a hacer el trabajo del Ministerio. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha sido tajante: las viviendas militares no son de protección oficial ni herencias vitalicias para hijos de cuarenta, cincuenta o sesenta años. Son herramientas logísticas para que un sargento destinado forzosamente a Madrid o a Pontevedra no tenga que vivir debajo de un puente.

Soldados durmiendo en oficinas: La vergüenza de El Pardo

La situación es dantesca. Mientras en Vigo se tardan años en echar a una ocupante irregular que disfruta de un piso en una zona privilegiada, las asociaciones militares han destapado la «cueva» donde el Ministerio mete a nuestros soldados. Ha ocurrido en el acuartelamiento de El Pardo, en Madrid. Ante la falta de alojamiento digno, los mandos han tenido que habilitar naves de oficinas y despachos viejos para que los soldados de nueva incorporación tiren allí el saco de dormir.

¿Se lo imaginan? Un soldado que cobra poco más de 1.100 euros, hacinado en una oficina reconvertida en barracón improvisado, sin privacidad y en condiciones tercermundistas, mientras a pocos kilómetros, en las mejores zonas de la capital o de la costa, pisos propiedad de Defensa están ocupados por civiles que no han vestido el uniforme en su vida o por oficiales retirados que se niegan a desalojar. Es el mundo al revés.

Las cifras de la vergüenza hablan por sí solas. A cierre de 2023, había oficialmente 411 militares de tropa en lista de espera solo para conseguir una cama —repito, una cama, no una casa— en un cuartel. La situación en la Armada es crítica, con 230 marineros esperando en bases como Rota o Cartagena. Y ojo, porque esto es solo la punta del iceberg: la demanda real de vivienda familiar se cuenta por miles, pero muchos militares ya ni la solicitan. ¿Para qué? Saben que el sistema está colapsado por los «okupas VIP» y la inacción del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED).

El agujero en el bolsillo: 750 euros al mes de «impuesto revolucionario»

El daño no es solo moral, es económico. Un militar al que se le adjudica una vivienda oficial paga un canon irrisorio, entre 180 y 400 euros. Si ese mismo militar tiene que irse al mercado libre porque la casa que le correspondería está «okupada» por el hijo del coronel fallecido hace veinte años, la broma le sale por un ojo de la cara.

Los datos del Observatorio de la Vida Militar son escalofriantes: la diferencia supone una pérdida de poder adquisitivo de más de 750 euros mensuales. Es decir, el Ministerio está permitiendo que sus soldados sean un 40% más pobres simplemente porque no se atreve a meter mano y desalojar a quienes parasitan el patrimonio público. La compensación económica que ofrece el INVIED es una tirita para una hemorragia: apenas cubre el 40% de un alquiler real en ciudades como Madrid o Baleares.

Pisos vacíos mientras los militares se desesperan

Y para colmo, la ineficiencia. No es solo que haya ocupantes irregulares, es que Defensa se permite el lujo de tener viviendas vacías criando polvo. El caso de Ceuta es de juzgado de guardia: 252 viviendas militares deshabitadas en una ciudad de 19 kilómetros cuadrados donde el suelo vale oro. Están vacías por falta de mantenimiento o por burocracia, mientras las familias de los militares destinados en la plaza africana se las ven y se las desean para encontrar un techo.

El PP y VOX llevan años exigiendo en el Congreso que se realicen inspecciones físicas. Se acabó el controlar los pisos por ordenador desde un despacho en Madrid. Hay que ir puerta por puerta. Se encontrarían sorpresas: pisos subarrendados a turistas, casas de veraneo de nietos de generales y situaciones de fraude de ley que están costando dinero a los contribuyentes y, sobre todo, a los compañeros en activo.

El desahucio de Vigo no debe ser una anécdota, sino el aviso a navegantes. O el Ministerio de Defensa limpia su casa —literalmente— y echa a los que sobran, o seguirá siendo cómplice de que nuestros militares duerman en coches, oficinas o tiendas de campaña, como ya hemos visto tras las inundaciones de Valencia. Basta ya de privilegios heredados. La vivienda militar es para el militar que activo, no para el nieto del que estuvo destinado ahí hace 40 años.