El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a sacudir el tablero internacional con una de sus habituales huidas hacia adelante. En un movimiento que muchos tildan de «temeridad constitucional», el líder socialista ha comprometido el envío de tropas españolas a Ucrania para una supuesta misión de paz tras el cese de las hostilidades. Sin embargo, este anuncio, realizado con pompa en París, esconde una realidad mucho más cruda: Sánchez se ha quedado sin atajos legales y deja a nuestros militares en un limbo retributivo y jurídico sin precedentes.

Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. En su afán por presentarse ante la comunidad internacional como el «líder de la nueva Europa», el presidente del Gobierno ha puesto sobre la mesa el despliegue de las Fuerzas Armadas españolas en suelo ucraniano. Pero esta vez, el «rodillo» de Moncloa se enfrenta a un muro infranqueable: la ley y su propia debilidad parlamentaria. A diferencia de los envíos de material bélico —realizados bajo una opacidad criticada por la oposición—, poner «botas sobre el terreno» activa un mecanismo que Sánchez no puede esquivar: el Artículo 17 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional.

El fin de los «dedazos» militares

Hasta la fecha, el Gobierno ha sorteado el debate parlamentario alegando que el envío de misiles Patriot o carros de combate Leopard eran simples «entregas de material» o labores de formación. Pero la presencia física de tropas en un escenario tan volátil como la Ucrania de 2026 cambia las reglas del juego. La ley es clara: cualquier misión en el exterior que no sea una respuesta directa a una agresión a España requiere la autorización previa y explícita del Congreso de los Diputados.

Sánchez ya no tiene «atajos». No puede camuflar esta misión como una extensión de la OTAN porque Ucrania sigue sin ser miembro de la Alianza. Esto le obliga a someterse a una votación en la que sus socios de investidura, desde Sumar hasta los sectores más radicales del nacionalismo, ya han empezado a afilar los cuchillos. «No permitiremos que España se convierta en parte beligerante», se escucha ya en los pasillos de la Cámara Baja.

Soldados en riesgo, retribuciones en el aire

Más allá de la política, la preocupación se traslada a los cuarteles. Y es aquí donde surge la gran incógnita que el Ministerio de Defensa, liderado por Margarita Robles, se niega a despejar: ¿Cuánto cobrarán nuestros soldados por jugarse la vida en tierras ucranianas?

En los despliegues bajo el paraguas de la OTAN, como la misión en Letonia o los destacamentos en Eslovaquia, las retribuciones están claras. El personal sabe a qué atenerse con la IRE (Indemnización por Residencia Eventual). Sin embargo, una misión «ad hoc» en Ucrania, bajo un mandato que todavía nadie ha definido, abre un agujero negro económico.

Fuentes militares consultadas por este diario expresan su temor a que el Gobierno intente «vender» la operación como una «misión de paz de bajo riesgo» para ahorrarse las gratificaciones extraordinarias por peligrosidad que sí se cobraron en escenarios como Afganistán o Irak. «Quieren mandarnos a una zona plagada de minas, con restos de armamento no explosionado y bajo la amenaza de grupos paramilitares, pero pagándonos como si estuviéramos de maniobras en una base alemana», denuncian fuentes del sector.

Un «Nuevo Orden Mundial» pagado con el sudor de los militares

El concepto de «Nuevo Orden Mundial» que Sánchez abraza con entusiasmo implica que Europa asuma su propia defensa. Pero en la práctica, esto significa que España debe estirar su ya depauperado presupuesto de Defensa. Con el Flanco Este ya saturado de tropas españolas (Rumanía, Eslovaquia, Letonia), la apertura de un nuevo frente en Ucrania plantea dudas logísticas casi imposibles de resolver sin un aumento drástico del gasto que sus socios de gobierno rechazan de plano.

Además, el riesgo no es solo económico, sino jurídico. Si Sánchez envía tropas sin un mandato parlamentario robusto o bajo unas Reglas de Enfrentamiento (ROE) difusas para contentar a sus socios, cualquier incidente en el terreno —un enfrentamiento con milicias o una baja por fuego residual— dejaría a los mandos militares en una situación de indefensión legal absoluta.

El Congreso, el último escollo

Sánchez se ha arriesgado a un todo o nada. Si el Congreso tumba su propuesta, su imagen internacional quedará herida de muerte. Si la saca adelante mediante un pacto de Estado con el PP, romperá definitivamente el bloque de investidura. Pero, mientras tanto, miles de militares españoles observan con desconfianza cómo se decide su futuro en los despachos de París y Madrid, sin saber si al llegar a Ucrania contarán con el respaldo económico y la seguridad jurídica que su sacrificio merece.

Sánchez ha encendido la mecha de un polvorín que no controla. La pregunta es si España está dispuesta a pagar el precio de su ambición personal.