El panorama laboral e institucional de las Fuerzas Armadas se enfrenta a una de las fracturas más profundas y vergonzosas de su historia reciente. En un contexto geopolítico de altísima volatilidad, donde los militares españoles asumen el riesgo de fuego cruzado en misiones internacionales como Líbano o Irak, el Gobierno ha decidido dar la espalda a los que más han sacrificado por la nación. El Ministerio de Defensa ha iniciado por fin los trámites ante la Seguridad Social para reconocer la carrera militar como profesión de riesgo, una demanda histórica del colectivo. Sin embargo, la letra pequeña que maneja la administración es un auténtico escándalo: la medida dejará tirada, de facto y de iure, a la mitad de la plantilla de los ejércitos españoles.
La propuesta gubernamental ha diseñado un embudo burocrático inaceptable: los beneficios de la profesión de riesgo se aplicarán única y exclusivamente al personal integrado en el Régimen General de la Seguridad Social (RGSS). Esto condena a la exclusión absoluta a todos los militares que ingresaron antes del 1 de enero de 2011 y que se encuentran adscritos al Régimen de Clases Pasivas del Estado. Paradójicamente, el Gobierno castiga así a los más veteranos, precisamente aquellos que acumulan mayor tiempo de exposición al riesgo continuado tras décadas de servicio.
La gran trampa económica y el hachazo a las viudas
El perjuicio económico que se cierne sobre los veteranos de Clases Pasivas es abismal y estructural. Mientras el personal amparado por el RGSS podrá utilizar los coeficientes reductores de la nueva norma para jubilarse a los 60 años cobrando el 100% de su pensión sin sufrir penalizaciones , los veteranos que deseen abandonar la vida operativa de manera anticipada se enfrentarán a recortes vitalicios e irrecuperables en sus nóminas.
La raíz de esta injusticia sangrante reside en los llamados «haberes reguladores», las bases teóricas y estáticas sobre las que se calculan las pensiones de Clases Pasivas. Estos importes han quedado completamente desfasados tras años de congelaciones y son muy inferiores al salario real que perciben los militares en activo. El resultado es matemático: el veterano trabajará más años reales jugándose la vida en maniobras para acabar cobrando, de manera vitalicia, una pensión estructuralmente inferior a la de su homólogo más joven. Este atropello institucional alcanza niveles de crueldad cuando se proyecta sobre las pensiones de supervivencia, castigando económicamente a las viudas y huérfanos de los militares más antiguos, quienes perciben porcentajes de protección incomprensiblemente menores frente al sistema de la Seguridad Social.
Igualdad en la guerra, discriminación en los despachos
Más allá del expolio económico, la decisión de los despachos quiebra el principio fundamental de igualdad consagrado en el Artículo 14 de la Constitución. Se está creando un escenario dantesco donde, dentro de una misma unidad táctica desplegada en un entorno hostil, dos militares que afrontan exactamente el mismo riesgo de saltar por los aires pisando un artefacto explosivo ostentarán niveles de protección y etiquetas legales radicalmente discriminatorias.
Los jóvenes adquirirán un paraguas protector frente a enfermedades profesionales, logrando un reconocimiento ágil y garantista de dolencias físicas crónicas o traumas psicológicos severos derivados del combate. Por el contrario, a los veteranos de Clases Pasivas se les cierra la puerta en las narices, obligándoles a enfrentarse a procesos burocráticos tradicionales, lentos y restrictivos para demostrar las secuelas que la milicia ha dejado en sus cuerpos.
El despido a los 45 años: la miseria de la tropa
La situación requiere detenerse obligatoriamente en la base de la pirámide: la Escala de Tropa y Marinería. Estos servidores públicos sufren un régimen temporal despiadado regulado por la Ley 8/2006, que les condena a ser expulsados y despedidos de las Fuerzas Armadas el mismo día que cumplen 45 años si no consiguen la limitadísima condición de permanentes. El Estado los arroja a la calle con el título precario de Reservista de Especial Disponibilidad (RED) y una asignación económica no contributiva que roza la miseria, inferior al Salario Mínimo Interprofesional.
Es aquí donde la nueva ley de riesgo obra el milagro para los jóvenes del RGSS, evidenciando aún más la crueldad de excluir a los veteranos. Al multiplicar matemáticamente su tiempo de servicio mediante los coeficientes de riesgo, los militares despedidos post-2011 podrán eludir la precaria travesía del desierto civil y consolidar una jubilación digna e íntegra a los 60 años. Para ellos, la medida es la salvación de la pobreza senil; para los veteranos de Clases Pasivas, la exclusión es su condena definitiva.
Rebelión en los cuarteles
Las principales asociaciones profesionales con mayor representatividad, como Militares Con Futuro, han estallado contra esta chapuza y exigen soluciones inmediatas. Reclaman de urgencia la creación de una «pasarela» legislativa que permita al personal veterano integrarse voluntariamente en el RGSS , o en su defecto, una inyección radical en los Presupuestos para equiparar al alza los obsoletos haberes reguladores.
Mientras tanto, la maquinaria del Estado se atrinchera en el pretexto de los costes contables para justificar una discriminación asfixiante. Jugar a la austeridad con la vida de quienes sostienen la defensa nacional y sumir a los cuarteles en el desánimo y el «síndrome del militar quemado» es una política letal y errática en el momento de mayor compromiso militar con la OTAN. La dignidad de los que juraron defender a España no puede depender de la fecha en la que firmaron su primer contrato.