El Ministerio de Defensa ha decidido pisar el acelerador en la lucha contra la corrupción, el fraude y el despilfarro institucional. A través de un nuevo Proyecto de Instrucción impulsado por la Secretaría de Estado de Defensa, liderada por Amparo Valcarce, el departamento va a blindar todos sus procesos de adquisición con un renovado y durísimo Código Ético y de Conducta. El objetivo de esta maniobra es claro: garantizar una actuación íntegra, ejemplar y cerrar cualquier resquicio a las irregularidades en un sector que maneja ingentes cantidades de fondos públicos.

La nueva normativa, que derogará a la anterior instrucción del año 2020, nace con la urgencia de adaptar las compras militares a la Ley 2/2023, la famosa norma reguladora de protección a los informantes de corrupción. Ya no bastan las buenas intenciones; el texto exige alcanzar mayores cotas de eficiencia en el uso del dinero de los contribuyentes, buscando siempre la mejor relación calidad-precio.

Se acabó la «barra libre»: los regalitos, a la basura o a la beneficencia

Uno de los puntos más llamativos y contundentes del nuevo articulado es la política de «tolerancia cero» frente a las prebendas y obsequios. El personal de compras de Defensa tiene terminantemente prohibido aceptar retribuciones, gratificaciones o cualquier tipo de ventaja o favor en beneficio propio o de terceros. Y el cerco no se queda solo en el funcionario o militar: la prohibición se extiende a sus familiares y personas vinculadas.

¿Qué ocurre si un contratista intenta agasajar a un mando o funcionario con un regalo? El protocolo diseñado por Defensa es implacable:

• El empleado público debe comunicar el hecho a su superior y devolver el regalo de inmediato a la empresa remitente, adjuntando una nota formal de rechazo.
• Si la empresa rechaza la devolución o es imposible retornarlo, el regalo quedará depositado y confiscado en la Unidad.
• Posteriormente, si el objeto tiene algún valor o utilidad, se entregará a una entidad de carácter benéfico o social.
• En caso de no poder donarse, el destino final es fulminante: la destrucción del obsequio, de lo cual se levantará un acta oficial acompañada de fotografías que acrediten que ha sido destruido.

Únicamente se permitirán «muestras de cortesía» de escaso valor y relevancia, pero el Ministerio advierte: si estas pequeñas atenciones se vuelven reiteradas por parte de una misma empresa, perderán esa consideración y pasarán a ser tratadas como regalos prohibidos.

Purga a los conflictos de interés y al amiguismo

Defensa quiere desterrar cualquier sombra de amiguismo o trato de favor. Para ello, la norma detalla una política quirúrgica para la gestión de los conflictos de interés, definiéndolos en todas sus variantes: reales, aparentes y potenciales.

• El personal está obligado a separar radicalmente su esfera privada de la profesional.
• Ante la más mínima colisión entre sus competencias públicas y sus intereses particulares, el empleado tiene el deber de abstenerse, apartarse del procedimiento y comunicarlo por escrito a su superior de forma inmediata.
• Si el implicado no da un paso al lado de forma voluntaria, sus superiores jerárquicos tienen la obligación de aplicar una recusación oficial.

Las empresas contratistas, bajo la lupa

La exigencia ética no solo recae sobre los uniformados y funcionarios. Las empresas y operadores económicos que quieran enriquecerse colaborando con el Ministerio de Defensa tendrán que acatar estas estrictas reglas del juego.

A partir de ahora, los pliegos de los contratos incluirán una cláusula ineludible donde las empresas se comprometen por escrito a cumplir este Código Ético. Las reglas para el sector privado son cristalinas:

• Tienen prohibido participar en prácticas colusorias, es decir, pactos oscuros para falsear la libre competencia o abusar de una posición de dominio.
• No podrán realizar ninguna maniobra destinada a obtener información privilegiada.
• Queda estrictamente prohibido ofrecer o entregar, directa o indirectamente, regalos o ventajas al personal de Defensa.
• Las empresas adjudicatarias están obligadas a extender este férreo cumplimiento normativo a todos sus subcontratistas.

Un «Buzón Ético», pero sin interferencias

Para garantizar que estas normas no se conviertan en papel mojado, el Ministerio ha reformado su Comité Asesor y ha creado un Observatorio permanente. Además, se pondrá en marcha un «buzón consultivo de ética institucional».

Este canal interno servirá para que el personal pueda plantear de forma anónima sus dudas o dilemas morales sobre cómo aplicar el reglamento. Sin embargo, el documento frena en seco cualquier intento de usar esta vía para sabotear licitaciones: el buzón inadmitirá cualquier consulta que busque paralizar contratos en curso o interferir en investigaciones judiciales o administrativas. Las verdaderas denuncias por corrupción no irán a este buzón de dudas, sino que serán derivadas directamente al Sistema Interno de Información (el canal oficial de denuncias del Ministerio).

En definitiva, la nueva Instrucción exige a todos los actores involucrados un comportamiento presidido por el honor, la transparencia, la neutralidad y el rechazo frontal a cualquier tipo de discriminación. El aviso a navegantes es nítido: en las compras del Ministerio de Defensa ya no hay margen para las zonas grises.